Los administradores del patrimonio de Jeffrey Epstein han presentado una propuesta formal ante un tribunal federal de Manhattan para saldar las reclamaciones legales de un grupo de víctimas que aún no habían recibido compensación. Según el documento judicial registrado este jueves 19 de febrero de 2026, los albaceas Darren Indyke y Richard Kahn ofrecen pagar un total de 35 millones de dólares, condicionado a que al menos 40 personas resulten elegibles dentro del grupo de demandantes. En caso de que el número de víctimas sea inferior a 40, el fondo de compensación se reduciría a 25 millones de dólares. El acuerdo, que requiere la validación de un juez federal en Nueva York, abarca delitos de agresión, abuso y tráfico sexual ocurridos durante un periodo de 24 años, hasta la muerte de Epstein en 2019.
Implicaciones legales y fin de la demanda de 2024
Este pacto económico representa un paso decisivo para cerrar los frentes judiciales que aún rodeaban al círculo íntimo de Epstein:
- Exoneración de los albaceas: El acuerdo estipula que el pago no implica una admisión de culpa por parte de Indyke (exabogado de Epstein) ni de Kahn (su excontador), quienes han sido señalados previamente por presuntamente facilitar las actividades delictivas mediante servicios legales y financieros.
- Cierre de litigios: De confirmarse la sentencia, se pondría fin a la demanda colectiva iniciada en 2024 contra ambos asesores, blindándolos ante futuras acciones legales por parte de las víctimas incluidas en este grupo.
- Contexto de la investigación: La propuesta surge tras la reciente desclasificación por parte del Departamento de Justicia de millones de documentos, fotos y videos que han arrojado nueva luz sobre la red de influencias que Epstein cultivó entre celebridades, políticos y académicos globales.
El bufete Boies Schiller Flexner LLP, que representa a las demandantes, se ha mostrado confiado en alcanzar el umbral de las 40 víctimas necesarias para activar el pago máximo. Mientras tanto, el patrimonio de Epstein continúa menguando tras años de indemnizaciones millonarias, en un esfuerzo por liquidar las responsabilidades civiles de uno de los casos de explotación sexual más extensos en la historia de Estados Unidos.
