Estas intervenciones, lideradas por la Unidad Nacional Antisecuestro y Extorsión (UNASE), se concentraron principalmente en Guayas, que registró nueve operativos, seguidas por El Oro y Los Ríos, con el objetivo de desarticular redes que han generado zozobra en diversas regiones del país. Además de las aprehensiones, el esfuerzo policial logró la liberación de dos personas que habían sido retenidas y que recibieron inmediata atención médica para luego ser reunidas con sus familiares, mitigando el impacto de la crisis de seguridad.
La operación de gran escala permitió a la autoridad determinar que las víctimas de estas organizaciones delictivas pagaron una suma total de trescientos sesenta mil dólares a los presuntos secuestradores y extorsionadores. Este dato subraya la magnitud económica y social de las actividades de estos grupos criminales en Ecuador, afectando gravemente el patrimonio de los ciudadanos. La intervención se extendió a provincias de la Costa como Esmeraldas, Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, así como a la Sierra Centro y Pichincha, evidenciando la naturaleza transprovincial de las estructuras delictivas atacadas y la respuesta coordinada del Estado para combatir estos crímenes.
