La Asamblea Nacional de Ecuador expresó su preocupación por las reformas propuestas en la Ley Orgánica de Integridad Pública, que incluyen juzgar como adultos a adolescentes infractores por delitos graves, según un debate iniciado el 16 de junio de 2025. La asambleísta Paola Cabezas, de Revolución Ciudadana, criticó la inclusión de estas reformas en un proyecto económico urgente, argumentando que violan la unidad de materia y carecen de debate especializado en la Comisión de Niñez y Adolescencia, lo que podría vulnerar los derechos de los menores.
El proyecto, impulsado por el oficialismo de Acción Democrática Nacional (ADN), propone modificar el Código de la Niñez y Adolescencia para endurecer medidas socioeducativas y permitir el juzgamiento de adolescentes como adultos, además de inhabilitar de por vida a jueces, fiscales y abogados por prevaricato. Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió la reforma, destacando que en 2024 se detuvieron 2.777 menores por delitos como extorsión, sicariato y terrorismo, justificando la necesidad de combatir el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado.
Organizaciones como Pacto por la Niñez y Adolescencia pidieron incluir a expertas como Berenice Cordero en el debate, advirtiendo que sin políticas integrales de prevención, las medidas punitivas no resolverán el problema. En 2025, solo 481 adolescentes ingresaron al sistema penal, 61 por asesinato, según el SNAI. La Asamblea busca un diálogo más amplio para garantizar que las reformas respeten los derechos de los menores y aborden la rehabilitación social, mientras expertos alertan sobre posibles inconstitucionalidades.
