En La Aurora, Daule, los comerciantes enfrentan una ola de extorsiones que ha escalado desde mensajes amenazantes hasta agresiones físicas, como el caso de una mujer arrastrada por tres hombres para sacarla de su asadero de pollos. Los delincuentes, identificados con grupos como Mafia 18 o Los Tiguerones, exigen pagos de entre $3.000 y $20.000, enviando mensajes por WhatsApp desde números extranjeros, principalmente de Colombia, Chile y Venezuela, para evitar atentados con dinamita contra negocios o sus dueños.
El miedo reina tras casos extremos, como el secuestro y asesinato de Willian Patricio G. G., dueño de una tienda, encontrado muerto junto a otros tres comerciantes en una cisterna en Nueva Prosperina. Elías, un comerciante local, describe cómo las extorsiones comenzaron en 2024 y se intensificaron hace un mes con mensajes semanales. A pesar de denunciar en Fiscalía, las amenazas persisten, obligándolo a resistir con fe mientras comparte alertas en un grupo de WhatsApp con otros negocios.
Carmen, dueña de un bazar, vive una pesadilla desde que extorsionaron a sus hijos, exigiendo $3.000 y luego $4.000 por sus vidas. Tras pagar $2.000 bajo presión, recibió visitas intimidatorias de motorizados enviados por los extorsionadores, quienes ahora incluyen fotos de su familia y tienda para acosarla. Sin atreverse a denunciar, Carmen mantiene su negocio abierto por necesidad, aunque teme por su seguridad y la de sus seres queridos.
Leonardo, propietario de una empresa, refuerza su seguridad con cámaras y un guardia armado, cuyo costo mensual de $1.600 a $1.800 tensiona sus finanzas. Aunque no ha recibido demandas directas de dinero, las amenazas de represalias por no “colaborar” y las fotos tomadas a su local lo mantienen en alerta. La falta de control policial, pese a un destacamento de la CTE cercano, y la inacción tras sus denuncias lo frustran, mientras el personal renuncia o pasa al teletrabajo por miedo.
Los comerciantes coinciden en que las bandas operan desde Durán y Pascuales, usando tácticas como fotografiar locales y propietarios para intimidar. Las denuncias presentadas no avanzan, y la presencia policial no disuade a los extorsionadores. La comunidad, agotada, exige que la Policía Nacional actúe con firmeza para frenar esta ola de violencia que amenaza su sustento y seguridad.
