El 20 de junio de 2025, la abogada Mónica Gabriela Jaramillo denunció al asambleísta correísta Lenin Lara Rivadeneira ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una presunta infracción electoral grave, acusándolo de inducir el voto, según el artículo 378, numeral 3, del Código de la Democracia.
La norma sanciona a servidores públicos que promuevan preferencias electorales o aportes a campañas, con multas de 11 a 20 salarios básicos unificados y posibles destituciones o suspensiones de derechos políticos de seis meses a dos años.
El juez electoral Joaquín Viteri tramita la causa y ordenó a Jaramillo aclarar y completar la denuncia en dos días, bajo amenaza de archivar el caso si no se cumple. La acusación pone en entredicho la conducta de Lara en el ejercicio de sus funciones.
La denuncia refleja las tensiones políticas en Ecuador, donde el control electoral busca garantizar la transparencia. El proceso en el TCE determinará si las acciones de Lara constituyen una infracción grave y sus posibles consecuencias legales.
El caso de Lara, representante de la Revolución Ciudadana, podría impactar su carrera política y el escenario electoral, mientras el TCE evalúa la evidencia presentada para decidir sobre las sanciones aplicables.
