En 2022, la Corte Constitucional (CC) de Ecuador declaró inconstitucional el artículo 7 de la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, que fijaba la remuneración de pasantes en un tercio del salario básico unificado, obligando a afiliarlos al IESS con el salario completo. La CC ordenó a la Asamblea Nacional regular el estipendio mensual de las pasantías en un plazo de dos años, vencido el 27 de enero de 2024, pero la normativa aún no ha sido aprobada.
El caso comenzó en 2016, cuando Geovanny Atarihuana y el legislador Milton Gualán presentaron una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos de la ley, incluido el que regulaba las pasantías. La CC, en su sentencia del 27 de enero de 2022, consideró que la norma violaba derechos laborales al establecer una remuneración inferior al salario mínimo sectorial, otorgando a la Asamblea un plazo para legislar un nuevo marco que garantice condiciones justas para los pasantes.
El 19 de junio de 2025, la Secretaría Técnica Jurisdiccional de la CC exigió a la Asamblea un informe sobre el cumplimiento del fallo. La Comisión del Derecho al Trabajo, presidida por Eckenner Recalde, respondió el 28 de junio que no existe documentación sobre un proyecto de ley específico para regular las pasantías, según el archivo legislativo. La Comisión remitió información existente sobre la ley original, pero no presentó avances concretos.
La falta de acción legislativa, a tres años del fallo, refleja un incumplimiento que afecta a miles de pasantes en Ecuador, quienes carecen de un marco legal claro para sus remuneraciones. La Comisión del Derecho al Trabajo señaló que su informe, respaldado por votación, no es vinculante, dejando en incertidumbre el cumplimiento de la sentencia de la CC.
