La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, presidida por Diana Jácome (ADN), inició el 2 de julio la fiscalización de contratos por $179 millones suscritos por el Gobierno con Progen para generación eléctrica, incluyendo $149 millones para 150 megavatios en Quevedo y El Salitral.
La sesión convocó al viceministro de Electricidad, Fabián Calero, y a exgerentes de Termopichincha y Electroguayas. El asambleísta Guido Mendoza (RC) pidió incluir un contrato de $20 millones para la central Catamayo, pero la moción no prosperó, aunque se aprobó fiscalizarlo en un nuevo proceso.
Acusaciones señalan que Progen usó generadores usados, incumpliendo términos. El 2 de julio, un árbitro de Amcham rechazó medidas cautelares solicitadas por la empresa estadounidense.
La fiscalización desató pugna en la Asamblea, con la Comisión de Garantías Constitucionales (correísmo) también buscando investigar, pero el CAL asignó el caso a Transparencia.
El proceso busca esclarecer irregularidades en los contratos energéticos, clave para la estabilidad del sector eléctrico ecuatoriano.
