El asambleísta Santiago Díaz Asque, denunciado por presunta violación a una menor, presentó el 3 de julio de 2025 un proyecto de ley que propone reducir la edad de consentimiento sexual de 18 a 14 años. Tras hacerse pública la denuncia, cuatro de los diez legisladores de la Revolución Ciudadana (RC) que respaldaron el proyecto han retirado sus firmas, argumentando que desconocían partes de su contenido.
Cristina Jácome, Roque Ordóñez, Arisdely Parrales y Juan Pablo Molina, excompañeros de bancada de Díaz, rechazaron en redes sociales el proyecto, aclarando que su apoyo se limitaba a propuestas para aumentar penas por femicidio. Parrales afirmó que el contenido sobre el consentimiento a los 14 años fue añadido sin su conocimiento. La propuesta, que no ha sido revisada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), incluye parámetros para validar el consentimiento de adolescentes, considerando factores como madurez, autonomía y ausencia de coerción.
La denuncia contra Díaz, presentada el 7 de julio, desencadenó allanamientos en Quito el 9 de julio, donde la Fiscalía y la Policía recopilaron evidencias. Díaz, expulsado de RC y con licencia sin sueldo hasta el 8 de agosto, calificó el proceso como un “montaje”. Las críticas en redes sociales contra los firmantes del proyecto se intensificaron, viralizando la lista de los diez legisladores que inicialmente lo apoyaron.
Díaz, quien asumió la curul tras la suspensión de Priscila Schettini, será procesado en la Corte Nacional de Justicia por su fuero como legislador. El proyecto, que busca reformar el artículo 175 del COIP, ha generado controversia por su énfasis en normas internacionales que reconocen el consentimiento adolescente desde los 14 años, desatando un debate sobre los derechos y la protección de menores.
