El Consejo de la Judicatura de Ecuador aprobó el 23 de julio de 2025 reformas a las resoluciones 190-2021 y 061-2022, permitiendo que jueces especializados en corrupción y crimen organizado aborden delitos relacionados con el conflicto armado interno, según la Ley de Solidaridad Nacional, vigente desde el 10 de junio.
La reforma incorpora la figura penal “pertenencia a grupo armado organizado del conflicto armado interno”, establecida en la Ley de Solidaridad y el Decreto Ejecutivo Nº 54. Esta figura sanciona con 22 a 26 años de prisión a miembros de grupos armados, 26 a 30 años a líderes, y 20 a 26 años a colaboradores esporádicos.
La Ley de Solidaridad Nacional, aprobada como urgencia económica, reformó el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y añadió 25 delitos conexos, como enriquecimiento ilícito, lavado de activos y tráfico de influencias, ampliando las competencias de las unidades judiciales especializadas.
Estas modificaciones fortalecen el marco legal para combatir el crimen organizado en el contexto del conflicto armado, permitiendo a los jueces especializados actuar con mayor alcance y rigor.
