El reciente acuerdo para establecer una zona binacional entre Colombia y Venezuela ha desatado una ola de fuertes críticas por parte de sectores políticos y exdiplomáticos colombianos. La preocupación central radica en la posibilidad de que esta medida represente un ‘paso adelante en la entrega del país a la criminalidad internacional y a sus protectores’, haciendo una clara alusión al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El acuerdo busca reactivar y normalizar las relaciones en la frontera, pero ha generado escepticismo sobre su verdadero impacto en la seguridad y soberanía.
Entre los críticos más prominentes se encuentra el exembajador de Colombia en Venezuela, Fernando Alzate, quien calificó el pacto como una ‘declaración de confianza’ al régimen de Maduro. Alzate y otros analistas advierten que, en lugar de controlar la situación, la zona binacional podría convertirse en un refugio y corredor para grupos delictivos transnacionales, incluyendo el narcotráfico y organizaciones armadas ilegales que operan en la frontera. La falta de garantías sobre el control efectivo y la transparencia en la gestión de esta área son los principales puntos de preocupación.
Las críticas sugieren que, bajo el pretexto de una reactivación económica y social, se estaría legitimando la influencia de estructuras criminales y actores estatales que son percibidos como promotores de la inestabilidad en la región. La polémica zona binacional, lejos de ser un avance positivo para la seguridad y la integración, es vista por sus detractores como una estrategia que podría consolidar la impunidad y la ilegalidad en la frontera, debilitando la capacidad de Colombia para enfrentar estos desafíos y poniendo en riesgo su soberanía territorial frente a intereses ilícitos.
