El 1 de agosto de 2025, la Fiscalía y la Policía ejecutaron seis allanamientos simultáneos en Riobamba, Chimborazo, como parte de una investigación por presunta asociación ilícita, con fines de tráfico de influencias y usurpación de funciones. Uno de los sitios intervenidos fue el despacho de la jueza Laura G., en la Corte Provincial, donde se recolectaron documentos y dispositivos electrónicos, según la Fiscalía.
La entidad reportó la recolección de múltiples indicios y compartió imágenes de los procedimientos en distintos inmuebles. La operación busca esclarecer actos de corrupción en el sistema judicial, en un contexto de creciente escrutinio a las instituciones en la provincia.
