El ministro del Interior, John Reimberg, denunció públicamente un caso que calificó de “interés nacional” tras la liberación de dos ciudadanos implicados en un presunto asesinato ocurrido en Quito el pasado 29 de julio.
La víctima, identificada como Daniel Eduardo G.L., fue hallada sin vida, y de acuerdo con las investigaciones iniciales realizadas por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (DINASED), los presuntos responsables fueron aprehendidos en flagrancia poco después del hecho. Se trata de un ciudadano ecuatoriano y otro venezolano, quienes habrían utilizado un taxi para movilizarse durante el crimen.
Sin embargo, durante la audiencia de flagrancia, la fiscal Diana Magaly Moya Alulema solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva, a pesar de que el caso contaba con múltiples elementos de convicción: desde el testimonio de los agentes, hasta videos que confirmarían la participación directa de los aprehendidos.
El ciudadano venezolano, identificado como Yonathan José B.C., incluso mantiene procesos penales pendientes en su país de origen, según señaló Reimberg. “Con todas las pruebas y antecedentes, fue liberado”, lamentó el Ministro, cuestionando severamente la actuación del sistema judicial.
“¿Hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de cosas por parte de los operadores de justicia?”, expresó Reimberg en su comunicado, haciendo un llamado a la responsabilidad de quienes integran el sistema penal.
Este caso se suma a una creciente preocupación por parte del Gobierno frente a decisiones judiciales que, a criterio de las autoridades, minan la lucha contra el crimen y la impunidad.
La opinión pública exige ahora respuestas tanto de la Fiscalía General del Estado como del Consejo de la Judicatura, mientras familiares de la víctima piden justicia. La actuación de la fiscal Moya Alulema y la resolución del caso continúan bajo escrutinio.
