El Tribunal Penal de Pichincha, integrado por los jueces José Jiménez, Lady Ávila y Diana Fernández, lleva 16 meses sin emitir sentencia en el caso por peculado contra el exalcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras 13 personas, tras suspender la audiencia el 17 de abril de 2024. La Fiscalía acusa a Yunda como autor mediato y a otros como autores directos o coautores por un contrato de $4.2 millones para 100,000 pruebas PCR en 2020, que habría causado un perjuicio de $2.2 millones.
La Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador, en un escrito del 5 de agosto al juez Jiménez, denunció la violación al derecho de un juicio en plazo razonable, destacando el impacto económico y laboral en procesadas como Linda Guamán, quien perdió oportunidades en 36 eventos académicos por medidas cautelares. La organización urge reanudar la audiencia.
Yunda y su abogado, Marcelo Icaza, rechazan las acusaciones, afirmando que las pruebas PCR cumplieron especificaciones y evitaron contagios, según Arcsa. La abogada del Municipio, Alexandra Vaca, sostiene que se adquirieron pruebas RT-Lamp en lugar de PCR, generando un daño de $2 millones.
La demora, considerada injustificada por abogados y procesados, ha llevado a múltiples escritos exigiendo la reanudación de la audiencia. El caso, reiniciado en 2023 tras una nulidad, refleja tensiones sobre la celeridad judicial y el impacto en los involucrados.
