La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) solicitó a la Contraloría General del Estado que supervise el uso de servidores y bienes públicos durante la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional, este 12 de agosto de 2025 a las 11:00. La movilización, que partirá desde el ‘puente del guambra’ en Quito, protesta contra la suspensión de 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública.
RC rechazó el presunto uso de servidores públicos como “fuerza de choque” para una disputa política y criticó al Ejecutivo por intentar presionar a la Corte Constitucional con recursos estatales, señalando una “precariedad en la independencia de funciones”. La bancada pidió a la Contraloría verificar la asistencia de funcionarios y el uso de vehículos oficiales, y al Ministerio de Trabajo la nómina de servidores para garantizar el cumplimiento de sus labores.
La Ley Orgánica de Servicio Público (Losep) prohíbe a los funcionarios participar en actos políticos, abandonar injustificadamente su trabajo o usar bienes del Estado para estos fines. También veta paralizar servicios esenciales como salud, educación o seguridad. El artículo 33 permite permisos de hasta dos horas diarias para actividades específicas, pero no para respaldar manifestaciones políticas.
Noboa convocó la marcha para defender leyes aprobadas por la Asamblea, argumentando que combaten el terrorismo, la corrupción y la pobreza. La RC, sin embargo, insiste en que el uso de recursos públicos en la movilización, que recorrerá las avenidas Patria, 6 de Diciembre y culminará en la calle Lizardo García, debe ser investigado para evitar abusos y garantizar el cumplimiento de la normativa.
