Han pasado 35 años desde aquella trágica noche del 18 de agosto de 1989, cuando el líder liberal Luis Carlos Galán Sarmiento cayó acribillado en la plaza central de Soacha, en plena campaña presidencial, y ahora Colombia se vuelve a teñir de sangre con otro presidenciable, Miguel Uribe.
El asesinato de Gaitán, ejecutado por sicarios bajo órdenes del narcotráfico y con complicidades políticas, truncó un proyecto reformista que prometía enfrentar de frente a los carteles y a la corrupción estatal. Hoy, el caso sigue revelando piezas ocultas, con nuevas diligencias que buscan esclarecer responsabilidades y dar respuesta a un país que aún exige justicia.
Décadas después, Colombia volvió a presenciar un crimen político de alto impacto: el de Miguel Uribe, dirigente joven que también se perfilaba como una figura influyente en la escena nacional. Aunque en contextos distintos, su asesinato evidenció que la violencia sigue siendo un riesgo latente para quienes se proyectan como líderes con poder de cambio.
La muerte de Galán ocurrió en un momento de guerra abierta contra el narcotráfico, con el Estado debilitado y bajo fuego de los carteles. La de Uribe, en cambio, se dio en un escenario político más institucionalizado, pero igualmente permeado por amenazas, odios ideológicos y estructuras criminales con capacidad para silenciar voces incómodas.
Ambos casos comparten un factor doloroso: el impacto en la esperanza colectiva. Galán encarnaba un cambio profundo en la forma de hacer política; Uribe, una renovación generacional con visión reformista. En los dos, la bala no solo detuvo a un hombre, sino que golpeó de lleno el proyecto político que representaba.
A 35 años del asesinato de Galán y a pocos días del de Uribe, la justicia colombiana enfrenta un doble desafío: responder a las familias y evitar que la historia siga repitiéndose. Porque si algo une a estas dos muertes, más allá del tiempo y las circunstancias, es la herida abierta que dejaron en la democracia.
