El 12 de agosto, el presidente Daniel Noboa y varios ministros participaron en una protesta en Quito contra nueve jueces de la Corte Constitucional, acusados de suspender artículos de tres leyes que, según el gobierno, dificultan el trabajo de la fuerza pública. La vocera Carolina Jaramillo aclaró el 18 de agosto que los funcionarios tomaron vacaciones para asistir y que no se usaron fondos públicos en la manifestación.
Jaramillo afirmó desconocer quién financió las lonas y vallas publicitarias colocadas en Quito contra los magistrados. La protesta generó controversia por cuestionar al máximo organismo de control constitucional, encargado de revisar la legalidad de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional.
En la misma declaración, la vocera destacó que el gobierno destinó $442.6 millones para combatir la desnutrición infantil a través de la Secretaría respectiva, subrayando el compromiso con esta problemática social mientras se gestionan las tensiones con la Corte Constitucional.