Treinta y cuatro organizaciones de la sociedad civil denunciaron que la Ley de Transparencia Social, aprobada el 26 de agosto de 2025 por la Asamblea Nacional con 78 votos, estigmatiza a las ONG y pone en riesgo su sostenibilidad. Anunciaron una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y recurrirán a organismos internacionales de derechos humanos.
El comunicado, emitido el 27 de agosto, critica el discurso del oficialismo en el Parlamento, que acusó a las organizaciones de actividades ilícitas sin pruebas. La ley impone requisitos desproporcionados, como reportes financieros trimestrales con estándares de empresas mercantiles, inviables para organizaciones comunitarias con recursos limitados. Además, incluye temas ajenos como minería o condonación de deudas, y permite disolver ONG por incumplimientos administrativos “graves”, lo que abre espacio a sanciones arbitrarias.
Las ONG, entre ellas Fundamedios y la Coalición Nacional de Mujeres, exigen participar en la formulación del reglamento de la ley, vigente desde el 28 de agosto tras su publicación en el Registro Oficial. Alertan que la norma restringe la libertad de asociación, limita el financiamiento y debilita proyectos sociales y de derechos humanos.
