El Tribunal Anticorrupción de la Unidad Especializada en Corrupción y Crimen Organizado, integrado por los jueces Christian Fierro, Jorge Sánchez y Carlos Serrano, juzgará el caso Triple A, que involucra a 22 personas naturales y jurídicas acusadas de almacenamiento, transporte y comercialización ilegal de combustibles. La Fiscalía, liderada por Leonardo Alarcón, estima un perjuicio al Estado de $61.5 millones por la distribución irregular de 22.7 millones de galones de diésel y gasolina.
El 19 de julio, el juez Renán Andrade llamó a juicio a 16 personas naturales y seis empresas, acusando a diez como autores y seis como coautores del delito. La investigación señala que estaciones de servicio en zonas fronterizas mineras desviaron diésel subsidiado hacia sectores automotor, industrial y naviero, afectando el beneficio estatal. Entre los procesados están Fernando V., José C., Aquiles Álvarez (alcalde de Guayaquil) y empresas como Fuelcorp S.A. y Harsajudi S.A.
Ramiro García, abogado de Álvarez, criticó la decisión del juez Andrade, argumentando que no se analizaron los alegatos de la defensa y calificó el proceso como “una vergüenza” en la red social X. El juicio, que comenzó su instrucción fiscal en diciembre pasado, busca esclarecer la red de comercialización ilícita que habría generado millonarias pérdidas al Estado ecuatoriano.
