La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) ha expresado su profunda preocupación por la escasez de dispositivos médicos en Ecuador. La entidad denuncia que el Estado mantiene una cartera vencida de $ 30,6 millones con los proveedores, lo que afecta gravemente la liquidez de las empresas y pone en riesgo la atención hospitalaria. Según Asedim, el 83% de esta deuda no tiene el Comprobante Único de Registro (CUR) ni está registrada en el sistema de pagos Esigef, dificultando aún más su cobro.
Para enfrentar esta situación, Asedim ha propuesto la creación de subcomités técnicos en el Comité Nacional de Salud Pública, con la participación de todos los actores del sistema para generar estrategias de optimización a corto y mediano plazo. La asociación considera que los dispositivos médicos —que incluyen insumos, equipos y reactivos— son indispensables para el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes.
Además de los problemas de pago, la asociación ha revelado una situación “crítica” en la adjudicación de contratos públicos. De acuerdo con Asedim, entre 2020 y 2023 se adjudicaron contratos por un valor estimado de $ 192,7 millones a proveedores sin permisos de la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Solo en 2024, esta práctica alcanzó los $ 24,7 millones, con contratos que incluso fueron entregados a personas naturales sin experiencia en el sector de la salud. Estas prácticas, según la entidad, no solo vulneran la ley, sino que también permiten la entrada de insumos de contrabando, falsificados o de baja calidad, poniendo en grave riesgo la vida de los pacientes.
