El conjuez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Olavo Hernández, definirá el futuro del caso Sinohydro, que investiga un supuesto delito de cohecho en el contrato de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. La diligencia judicial, en la que se decidirá si se anula el proceso contra el expresidente Lenín Moreno y 23 personas más, se pospuso de la mañana a la tarde de este lunes. La defensa de los procesados alega que existe un vicio de nulidad, ya que, para procesar a Moreno, quien reside en Paraguay, no se solicitó una autorización previa al pleno de la Asamblea Nacional, un requisito de procedibilidad que sí se ha aplicado en casos de otros exmandatarios.
El fiscal general encargado, Wilson Toainga, ha pedido al conjuez Hernández que rechace los argumentos de la defensa, alegando que la Asamblea Nacional ha dicho en reiteradas ocasiones que no se requiere su autorización cuando el funcionario ya no está en funciones. Sin embargo, los abogados de Moreno, con David Meza a la cabeza, han insistido en que, si la justicia no les da la razón, deberán justificar por qué este precedente judicial se ha aplicado a otros exmandatarios como Jamil Mahuad, Rafael Correa y Jorge Glas, pero no a Lenín Moreno.
La vocera de la Presidencia de la República, Carolina Jaramillo, afirmó que el Gobierno pide celeridad en la resolución del caso. En un comunicado, la funcionaria dijo que es “vergonzoso” que un abogado de la defensa, a quien calificó de “abogado con grillete”, pida la nulidad del caso. Jaramillo recordó que el caso Sinohydro ha causado un perjuicio de 76 millones de dólares al Estado y reiteró la postura del Gobierno de que la justicia debe actuar con contundencia en casos que perjudican los intereses de los ecuatorianos.
