El Dispositivo Electrónico de Identificación Vehicular (DEIV), conocido popularmente como “tercera placa”, se encuentra en su primer debate en el Municipio de Quito. El sistema busca mejorar el control del tránsito y combatir la corrupción, la duplicación de placas, la manipulación de chasis y el robo de vehículos. Según el proyecto, este dispositivo electrónico, que cuenta con tecnología RFID y código QR, se instalará en el parabrisas de los vehículos que pasen la revisión técnica. Se espera que el plan, con un costo estimado de $5 millones, comience a implementarse a mediados de 2026.
A pesar de que los especialistas en movilidad ven el proyecto como una medida necesaria, han expresado su preocupación por la falta de coordinación entre el gobierno nacional y el Municipio de Quito. Expertos como César Arias señalan que existen dos proyectos paralelos, uno a nivel nacional y otro a nivel municipal, lo que podría generar problemas. Para que el sistema funcione eficazmente, sugieren la creación de una única base de datos nacional a la que los municipios puedan acceder. El concejal Wilson Merino también ha destacado que la polarización política ha frenado avances en temas clave como la movilidad.
Sanciones por infracciones
La vicealcaldesa Fernanda Racines detalló las sanciones que se aplicarían a quienes infrinjan la normativa:
Leves: Multa del 15% del salario básico unificado (SBU) por circular sin el dispositivo o colocarlo en un lugar incorrecto.
Graves: Multa del 30% del SBU por manipular el dispositivo para evitar su lectura.
Muy graves: Multa del 50% del SBU por usar un dispositivo con datos que no corresponden.
Las multas podrán ser sustituidas por trabajo comunitario. El proyecto será sometido a un segundo debate en 90 días, donde el Concejo Metropolitano de Quito decidirá si lo aprueba o rechaza.
