El Consejo de Administración Legislativa (CAL) ha iniciado una investigación formal contra la asambleísta correísta Mónica Palacios por supuestamente haber cometido una falta administrativa muy grave al imputar al presidente de la República, Daniel Noboa, y a su esposa, Lavinia Valbonesi, de tráfico de influencias con la empresa minera Dundee Precious Metals. La queja fue presentada por la asambleísta oficialista Nataly Morillo (ADN).
La denunciante, Nataly Morillo, relató que durante una sesión de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, Mónica Palacios acusó públicamente a la pareja presidencial de recibir dinero de la empresa minera a través de la Fundación Ana. A pesar de los reiterados llamados de la presidenta de la Comisión, Camila León, a ceñirse al punto del día, Palacios persistió en sus acusaciones, lo que provocó que le cerraran el micrófono. La denuncia también incluye el hecho de que Palacios continuó con sus acusaciones en redes sociales, lo que, según Morillo, provocó un “linchamiento mediático” contra la asambleísta Camila León, quien ya había recibido amenazas de muerte.
La queja, que también menciona un incidente similar en otra comisión, acusa a Mónica Palacios de incurrir en faltas administrativas muy graves, tipificadas en el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, como “provocar incidentes violentos” y “expresarse con términos ofensivos”. Si la investigación concluye que las faltas se cometieron, la asambleísta podría ser sancionada con la suspensión de su cargo de 30 a 90 días sin remuneración. El CAL ha dado a Palacios un plazo de tres días para que presente su defensa.
