El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel ha comenzado con incidentes violentos y un total de veinte detenidos. Según el ministro del Interior, John Reimberg, los arrestos se produjeron en Otavalo, en la provincia de Imbabura, por ataques a instalaciones policiales y daños materiales.
El funcionario advirtió que quienes atenten contra el Estado serán procesados por terrorismo, un delito cuyas penas fueron endurecidas en la consulta popular de 2024 convocada por el presidente Daniel Noboa. Dos de los detenidos, identificados como William Andrés R. L. y Jonathan Bernin A. A., son de nacionalidad extranjera.
El delito de terrorismo está tipificado en el artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que señala que la persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, pongan en peligro o atenten contra las edificaciones públicas o privadas, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 19 a 22 años. Pero la pena privativa de libertad puede llegar a 26 años en las siguientes situaciones:
–Si la persona se apodera de un transporte terrestre, una nave o aeronave, plataformas fijas marinas o ejerce control sobre esta por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación; derribe, destruya, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto o sustancia capaz de destruirlo o causar daños que le incapaciten para su transportación.
–La persona que destruya por cualquier medio, edificación pública o privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, así como de las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones.
–La persona que realice actos de violencia que, por su naturaleza, causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales o ambiente.
–La persona que comunique, difunda o transmita informes falsos poniendo con ello en peligro la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o aeronave.
–La persona que irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas.
–La persona que realice por sí misma o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras económicas, con el objeto de dar apariencia de licitud para desarrollar actividades terroristas tipificadas en este Código.
–La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares.
–La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa lesiones graves a una persona o grupo de personas o daños materiales sustanciales.
–La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público o privado, una instalación pública o privada, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa.
La pena podría aumentar hasta los 30 años si por el cometimiento de la infracción se produce la muerte de una o más personas. De igual manera, si el delito se comete desde un centro de privación de libertad, se aplicará la pena máxima correspondiente, a la que se le añadirá un tercio.
Por su parte, los manifestantes han denunciado represión, detenciones arbitrarias y uso de gas lacrimógeno por parte de la fuerza pública. Para este martes, varias organizaciones han anunciado la radicalización de las medidas. El Parlamento por el Agua de Cuenca, por ejemplo, se unirá al paro para pedir la derogatoria de una concesión minera, y en la tarde se realizarán plantones en Quito.
