Al menos 17 reos muertos se registraron durante la madrugada en el Centro de Privación de Libertad Nº2 de Esmeraldas, tras un enfrentamiento entre bandas rivales dentro del recinto. Este incidente se suma a la masacre ocurrida hace cuatro días en la cárcel de Machala, donde murieron 14 presos y hubo 14 heridos.
Antecedentes: un patrón ya recurrente
Desde el año 2021, Ecuador ha sido escenario de varias masacres en centros penitenciarios que evidencian una crisis estructural.
Algunos eventos significativos:
Penitenciaría del Litoral en Guayaquil, noviembre de 2021: 65 reos asesinados; más de 100 muertos en nombre de enfrentamientos entre bandas.
Cárcel de Turi (Cuenca), abril de 2022: 20 reclusos muertos, 10 heridos, en un motín entre grupos criminales internos.
Estas y otras masacres muestran que la violencia carcelaria ha escalado en frecuencia y gravedad en los últimos años.
¿A qué se debe?Según los informes oficiales y análisis de seguridad, las causas principales de estas masacres incluyen:
1. Disputa de poder entre bandas criminales dentro de las cárceles: grupos como Los Tiguerones, Los Choneros, Los Lobos, y otros disputan control territorial incluso dentro de los pabellones.
2. Sobrepoblación y hacinamiento: muchas cárceles operan con capacidad excedida, lo que dificulta el control, la vigilancia y la segregación de presos con perfiles diferentes o conflictivos.
3. Insuficiente seguridad interna: filtración de armas, acceso a explosivos, uso de llaves o recursos internos para abrir celdas, y debilidad en protocolos de respuesta.
4. Modelo de impunidad y demora judicial: decisiones que tardan en aplicarse, falta de sanciones ejemplares, y la sensación de que algunos incidentes previos no han sido investigados o castigados adecuadamente.
Las masacres en cárceles como las de Machala y Esmeraldas no son hechos aislados, sino que integran un problema estructural que mezcla debilidad institucional, crisis penitenciaria y la presencia fuerte de bandas criminales. Para evitar que estos episodios se repitan, expertos señalan la urgente necesidad de reformas en gestión penitenciaria, mejora en protocolos de seguridad, investigación imparcial de cada motín, y políticas que reduzcan el hacinamiento.
El país enfrenta una encrucijada: o continúa con esta espiral de violencia en los centros de reclusión, o decide actuar con firmeza para restablecer la paz y el orden en uno de sus espacios más vulnerables.
