La Corte Constitucional del Ecuador asestó un duro golpe jurídico y político al Ejecutivo al declarar inconstitucionales las leyes de Solidaridad Nacional y de Integridad Pública, ambas tramitadas bajo el carácter de económicas urgentes y consideradas pilares de la actual administración.
Con esta resolución, quedan sin efecto todas las disposiciones contenidas en dichas normativas, así como los reglamentos y decretos emitidos por la Presidencia y ministerios en aplicación de las mismas.
El dictamen, emitido este viernes 26 de septiembre, señala que en la aprobación de ambas leyes se incurrió en la violación de los artículos 136 y 140 de la Constitución, referentes a la unidad de materia y al procedimiento abreviado que rige para los proyectos calificados como urgentes en materia económica.
Las leyes ahora anuladas incluían reformas claves en áreas como seguridad, régimen tributario, contratación pública y regulación de despidos dentro del Ejecutivo, por lo que su caída representa un revés en el plan de gobernanza y ajustes impulsado por el presidente Daniel Noboa.
La Corte también resolvió sobre la constitucionalidad de una propuesta de reforma constitucional y tres preguntas de consulta popular, garantizando el respeto al marco constitucional en esos procesos.
El fallo reconfigura el escenario político y legislativo, dejando al Gobierno con el desafío de replantear sus estrategias normativas en medio de un ambiente marcado por la conflictividad social y las tensiones entre funciones del Estado.
