El proyecto de ley busca que este apoyo económico permita a las fuerzas del orden cumplir sus labores constitucionales, incluyendo actividades de protección interna, mantenimiento del orden público, seguridad ciudadana y seguridad integral del Estado.
El Gobierno justifica esta medida como una política fiscal y económica esencial para proteger el aparato productivo nacional y asegurar la estabilidad de las finanzas públicas.
Este es el sexto proyecto de carácter urgente enviado por el Ejecutivo al Legislativo y se estructura en cuatro artículos, junto con disposiciones reformatorias, generales, transitorias, derogatorias y finales.
