La disputa política y técnica en torno al proyecto minero Loma Larga (Quimsacocha, Azuay) se intensifica. El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, ha solicitado la conformación de una comisión legal para que revise a fondo la resolución del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE) que dispuso revocar la licencia ambiental a la empresa canadiense Dundee Precious Metals (DPM).
La reacción de Zamora surge tras los comentarios de la vocera del Gobierno, Carolina Jaramillo, quien había responsabilizado a las autoridades de Cuenca y Azuay por las consecuencias de los informes técnicos que llevaron a la revocatoria.
Dudas sobre el Rigor Legal de la Revocatoria
El alcalde centró su crítica en el formalismo y la contundencia legal de la resolución, expresando una profunda desconfianza sobre la intención detrás del acto administrativo. Zamora cuestionó en redes sociales si la resolución 2025-0008-RM del MAE está realmente apegada a la ley o si fue elaborada de manera deficiente para favorecer a DPM en futuras instancias legales.
“En sencillo, ¿se hizo con rigor y al tenor de la ley? O es un documento para favorecer a la minera cuando acuda a instancias legales y se lo bajen jurídicamente en dos chinches por no observar los procedimientos legales, ¿a propósito?”, preguntó Zamora.
Para despejar estas interrogantes, el alcalde envió oficios a universidades, colegios de abogados y gremios profesionales, buscando integrar una comisión legal que examine la resolución del MAE emitida el 3 de octubre.
Por su parte, el CEO de DPM, David Rae, ya ha manifestado su preocupación por la decisión del Gobierno, defendió el plan de manejo ambiental de Loma Larga y advirtió que la empresa está “evaluando todas las opciones disponibles para preservar el valor y mantener la opcionalidad para nuestros accionistas”.
