La Asamblea Nacional aprobó este martes 7 de octubre el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Contratación Pública con 80 votos. Esta reforma es crucial, ya que recupera e incorpora varios artículos de la Ley de Integridad Pública (LOIP), la cual había sido declarada inconstitucional por la Corte Constitucional el 26 de septiembre por un vicio de forma, pero no de contenido.
La presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, defendió la propuesta señalando que la sentencia de la Corte “no se pronunció sobre el fondo de las disposiciones”, lo que permite reincorporar elementos esenciales de la LOIP enfocados en la transparencia, modernización y anticorrupción.
Ejes Centrales de la Reforma
El nuevo cuerpo legal busca consolidar un modelo de contratación pública más ágil y eficiente. Entre las principales disposiciones se encuentran:
- Modernización Tecnológica y Trazabilidad: Se implementa la trazabilidad digital en las contrataciones de emergencia y se exige el uso de expedientes digitales con respaldo electrónico verificable para todos los procesos, eliminando gradualmente los archivos físicos.
- Inteligencia Artificial (IA) y Alertas Tempranas: Se utilizarán herramientas de IA para el seguimiento de procesos y la generación de un sistema de alertas tempranas conectado con la Contraloría y la Fiscalía, identificando irregularidades en etapas críticas (como un solo oferente o modificaciones reiteradas).
- Interoperabilidad de Datos: Se crea una plataforma en el Sercop para el cruce automático de información con entidades clave (SRI, Registro Civil, Contraloría), validando en tiempo real la situación legal y financiera de los oferentes.
- Fortalecimiento del Sercop: Se refuerza la capacidad técnica y sancionatoria del Servicio Nacional de Contratación Pública, que mantiene la facultad de ejecutar cobros por vía coactiva e imponer sanciones directas a proveedores.
- Catálogo Dinámico y Observatorios Ciudadanos: Se establece que el Catálogo Dinámico Inclusivo (CDI) será de uso exclusivo para la Economía Popular y Solidaria. Se legaliza la incorporación de observatorios ciudadanos integrados por organizaciones reconocidas para aumentar la veeduría social.
- Modalidades Contractuales: Se eliminan figuras como la menor cuantía, fortaleciendo el concurso público y la licitación bajo el principio de máxima competencia para reducir la discrecionalidad.
La nueva ley también impone la obligatoriedad de certificación para los servidores públicos que intervienen en los procesos de contratación y amplía las causales de inhabilitación y sanción a contratistas, incluyendo la suspensión del RUP por hasta cinco años en casos de incumplimiento grave o presentación de información falsa.
