El accionar de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas durante los 22 días del paro nacional ha generado un fuerte punto de fricción entre las bancadas de la Revolución Ciudadana (RC) y Acción Democrática Nacional (ADN) en la Asamblea Nacional. Tras la movilización del 12 de octubre en Quito, la asambleísta correísta Jahiren Noriega condenó la supuesta “agresión” y “represión” de la fuerza pública, calificando de “indignante mirar como el Gobierno ha desplegado a las fuerzas policiales y a las fuerzas militares” con más de siete mil efectivos solo en la capital para contener las protestas. En respuesta, la RC solicitó la intervención inmediata de la Defensoría del Pueblo para garantizar los derechos de los manifestantes.
Desde la bancada de Gobierno, la legisladora Lucía Pozo minimizó el impacto de las manifestaciones, tachándolas de “protestas focalizadas” lideradas por un “minúsculo número de pseudo líderes con intereses partidistas”. Pozo defendió el despliegue de las fuerzas del orden, señalando que las protestas no tuvieron el efecto deseado por los dirigentes y que la acción de seguridad permitió la reactivación económica en la mayoría de las provincias durante el feriado. “Lo que no es aceptable es el nivel de violencia, que ha sido controlada; caso contrario, Quito estuviese incendiado como en años anteriores”, enfatizó.
El oficialista Andrés Castillo coincidió en que la marcha del domingo no alcanzó la convocatoria esperada y celebró que “lo de 2019 y lo de 2022 aquí no se repitió”, destacando que la ciudad quedó intacta. Castillo, además, criticó el respaldo de la expresidenta de la RC, Luisa González, a los manifestantes. En este contexto de confrontación, el oficialismo anunció que este martes 14 de octubre presentará un cambio de orden del día en el Pleno para convocar al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a fin de que explique el plan alternativo del Municipio para enfrentar las manifestaciones, mientras el paro de la Conaie sigue concentrado en Imbabura sin señales de diálogo.
