Uruguay se convertirá en la primera nación de América Latina en aprobar la despenalización de la eutanasia, un paso trascendental que podría establecer un precedente ético y legislativo en toda la región. El proyecto de ley, conocido como el de “muerte digna”, está siendo discutido en el plenario del Senado, la última instancia legislativa requerida para su aprobación definitiva, una votación que se prevé que concluya exitosamente durante la jornada de hoy. Este proceso legislativo llega a su fase final con el respaldo mayoritario de la coalición de izquierda, el Frente Amplio, que ostenta la mayoría necesaria en la Cámara Alta para impulsar la iniciativa.
La Cámara de Diputados ya había dado su visto bueno a la normativa en agosto pasado, tras una sesión maratónica que demostró el amplio, aunque polarizado, respaldo de los distintos partidos políticos. Aunque el Frente Amplio se muestra unificado a favor de la ley, la votación en el Senado presenta divisiones internas en el bloque opositor, compuesto por los históricos partidos Nacional y Colorado. Se conoce que figuras como la legisladora blanca Graciela Bianchi y el colorado Andrés Ojeda votarán a favor del proyecto, mostrando un consenso transversal en algunos sectores a pesar de las directrices partidarias, lo cual subraya la complejidad y la sensibilidad del tema.
Un aspecto notable del debate es la presencia y el impacto del testimonio de pacientes con enfermedades terminales. En las barras del Palacio Legislativo estará presente hoy Beatriz Gelós, una ciudadana que padece esclerosis lateral amiotrófica (ELA) desde hace diecinueve años. La conmovedora historia de Gelós, quien ha sido una activa promotora del proyecto, se ha convertido en un argumento central en la discusión legislativa. Su caso ilustra las condiciones de sufrimiento insoportable que la ley busca aliviar. Se prevé que grupos promotores como Empatía Uruguay y Tenemos ELA, así como opositores como Prudencia Uruguay, también se manifiesten en el Palacio Legislativo para seguir de cerca la histórica sesión.
El proyecto de ley establece condiciones rigurosas para el acceso a la eutanasia: solo podrán solicitarla personas mayores de edad, aptas psíquicamente, que padezcan patologías crónicas, incurables o irreversibles, que “menoscaben gravemente su calidad de vida” y que les generen sufrimientos que, a su percepción personal, resulten insoportables. El procedimiento se divide en ocho etapas, comenzando con una solicitud voluntaria y personal al médico, requiriendo una segunda opinión de un profesional sin vínculos, y culminando con la ratificación de la “última voluntad” del paciente antes de la aplicación. Los promotores defienden la ley como una garantía del derecho a “transcurrir dignamente el proceso de morir”, mientras que los detractores argumentan que el debate es simplista y se oponen a que se disponga del derecho a la propia vida.
