El Departamento de Justicia de Estados Unidos (EE. UU.) ha defendido la legalidad de los ataques realizados por sus fuerzas armadas en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. La institución aseguró que estas operaciones, que han resultado en al menos 76 personas muertas, son legales y que el personal militar involucrado no puede ser perseguido judicialmente. Un portavoz del Departamento de Justicia declaró que los ataques fueron ordenados “de acuerdo con las leyes de conflicto armado” y, por lo tanto, son órdenes lícitas que el personal militar está obligado a seguir.
Esta postura surge en medio de críticas internacionales, incluyendo un llamado del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, para que Washington investigue la legalidad de los ataques, pues existen “fuertes indicios” de que constituyen “ejecuciones extrajudiciales“. El Departamento de Justicia habría redactado un informe clasificado en julio que establece la base legal para estos ataques, protegiendo al personal de enjuiciamientos futuros. La administración de Donald Trump también informó al Congreso que EE. UU. está en un “conflicto armado” con carteles de drogas, describiéndolos como grupos terroristas para justificar las acciones.
