El presidente Daniel Noboa emitió el Reglamento a la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional a través del Decreto Ejecutivo n.º 213, la noche de este lunes 17 de noviembre. Esta Ley fue la sexta norma económico-urgente aprobada por la Asamblea Nacional.
El reglamento, compuesto por nueve artículos, una disposición reformatoria y cuatro transitorias, busca establecer un régimen económico de incentivos tributarios y de facilitación de donaciones para el fortalecimiento de las fuerzas del orden.
Objetivos y Mecanismos Clave
La normativa tiene como finalidad fortalecer las capacidades estratégicas y operacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mediante tres mecanismos principales:
- Canalización de recursos complementarios a la inversión pública.
- Promoción de la participación del sector privado a través de incentivos tributarios.
- Creación de un marco legal transparente para la recepción y rendición de cuentas de las donaciones.
Comité de Calificación y Certificación
El Artículo 4 del reglamento establece la creación del Comité de Calificación y Certificación para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
- Función: Instrumentar y coordinar interinstitucionalmente las donaciones de bienes muebles, inmuebles, equipamiento o suministros nuevos y en óptimas condiciones, así como la correspondiente rebaja del impuesto a la renta para los contribuyentes nacionales que realicen dichas donaciones.
- Integrantes Permanentes:
- Secretaría General de la Administración Pública, Planificación y Gabinete (quien lo presidirá).
- Ente rector de la seguridad ciudadana y orden público.
- Ente rector de la defensa nacional.
- Ente rector de las finanzas públicas.
- Servicio de Rentas Internas (SRI).
Determinación del Monto Anual
El Artículo 6 especifica que el Ministerio de Finanzas, en coordinación con el SRI, determinará el monto anual máximo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas podrán recibir por este mecanismo. Este monto se establecerá considerando el catálogo de necesidades institucionales aprobado por el Comité de Calificación y Certificación.
La Ley fue aprobada en la Asamblea Nacional el 23 de octubre con 82 votos, luego de que la Corte Constitucional declarara inconstitucional una ley previa (“Ley de Solidaridad Nacional”) que perseguía el mismo objetivo.
