El tráfico de personas se tipifica como un crimen castigado con severas penas de cárcel, incluso cuando la motivación es la reunificación familiar. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha puesto el foco en las consecuencias legales que enfrentan los padres o familiares que pagan a un traficante, conocido como coyote, para que sus hijos menores de edad sean ingresados ilegalmente al país. Este tema resurgió tras el reciente arresto en Chicago de Diana Patricia Santillana Galeano, una inmigrante indocumentada de Colombia, a quien el DHS acusa de pagar a traficantes para que sus hijos de dieciséis y diecisiete años cruzaran la frontera sur de forma ilegal en noviembre. Aunque la mujer fue liberada por un error de procedimiento judicial, su caso se basa en una investigación por tráfico de personas. La ley de Estados Unidos, específicamente el US CODE 1324(A), prohíbe el contrabando, transporte, ocultamiento o el hecho de alentar a extranjeros no autorizados a ingresar al país, sancionando a cualquier persona que, a sabiendas, pague o intente pagar para este fin. La pena básica máxima es de diez años de prisión.
Expertos en derecho migratorio han advertido que muchos padres desconocen que al pagar a un coyote para el traslado de un menor están cometiendo un delito federal. Abogados consultados señalan que, en el futuro, si el padre o familiar intenta legalizar su estatus, el gobierno podría acusarlo de conspiración en un proceso consular, lo que llevaría a la cancelación de su solicitud de green card o incluso a enfrentar cargos penales. El DHS insiste en que facilitar el tráfico de personas, aunque sea con intención de salvar a un hijo, es un delito. Aunque la ley ofrece una atenuante si se comprueba que el motivo fue salvar la vida de un niño bajo la Ley de Refugiado de las Naciones Unidas y no se persigue al familiar que pagó, la realidad legal es que la ley prohíbe incitar o contribuir al contrabando de personas. La única excepción de la ley es que los castigos pueden ser más ligeros cuando se trata de los hijos, sin embargo, nada garantiza que la persona obtenga el beneficio migratorio que busca. El DHS reitera que se debe evitar poner la vida y el futuro legal de los menores y la familia en manos de traficantes.
