Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, ha elevado la apuesta en su larga batalla legal contra su exmanager Raphy Pina al radicar una demanda federal que expone un presunto esquema criminal de desvío de regalías. La acción judicial, presentada por Los Cangris, Inc. y el propio artista, apunta directamente a Pina, su esposa Mireddys González, el licenciado Edwin Prado y Andrés Coll, junto a entidades asociadas, alegando una conspiración orquestada para robar millones en derechos de autor mediante la manipulación sistemática de documentos musicales.
El documento, obtenido por People en Español y radicado en el Tribunal Federal de Puerto Rico, invoca el poderoso RICO Act (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) de Estados Unidos y la Ley de Crimen Organizado local, pintando un panorama de corrupción que data de alrededor de 2015. Según la demanda, Pina y su red habrían alterado split sheets, contratos y formularios de copyright para insertar al empresario como coautor ficticio en éxitos emblemáticos del reguetón, como “Buena Vida (Remake)”, lo que derivó en la desviación de regalías hacia sus bolsillos. “La acción legal alega la existencia de un plan organizado para desviar regalías, manipular documentos de copyright y alterar participaciones en canciones emblemáticas del reguetón”, detalla el texto judicial.
Entre las acusaciones más graves, se describe cómo Pina empleó tácticas de intimidación, coerción e incluso violencia para silenciar a artistas y empleados, asegurando el control absoluto sobre los flujos de ingresos. Mireddys González, como administradora clave, habría preparado asignaciones fraudulentas que inflaban artificialmente las participaciones de su esposo y reducían las de Ayala, transmitiendo estos documentos a través del comercio interestatal para encubrir el fraude. Por su parte, Andrés Coll actuó como “asistente principal y mentor”, validando declaraciones falsas de publicación y distribuyéndolas para ocultar el esquema, mientras que el abogado Edwin J. Prado-Galarza firmó contratos engañosos, como el “Acuerdo de composición del título principal” y un “Memorándum de Comprensión”, enviados sin autorización del demandante, lo que le generó beneficios profesionales y financieros.
Los demandantes estiman pérdidas en millones de dólares, no solo en regalías directas, sino en la integridad de archivos oficiales en la Oficina Federal de Copyright. La demanda busca una compensación económica integral, la corrección inmediata de todos los registros alterados para restaurar las participaciones originales de Daddy Yankee y medidas preventivas que eviten la repetición de tales fraudes en la industria. “Desde alrededor de 2015, Pina y su círculo habrían alterado o manipulado documentos esenciales de la industria musical —incluyendo split sheets, contratos y formularios de copyright— para colocar a Pina como supuesto coautor de temas reconocidos”, se lee en el escrito, que también subraya el impacto cultural: “Lo ocurrido no solo causó daño financiero, sino que afectó la transparencia y la herencia cultural del reguetón”.
Esta no es la primera confrontación entre Daddy Yankee y Raphy Pina, cuya relación se rompió en 2022 tras décadas de colaboración que catapultaron al “Rey del Reguetón” al estrellato. Pina, condenado previamente en 2022 a tres años de prisión por posesión ilegal de armas y lavado de dinero, ha sido una figura controvertida en el género urbano. Aunque ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas inmediatas sobre esta nueva querella, el caso ya genera revuelo en redes sociales, con fans del artista expresando apoyo bajo hashtags como #JusticiaParaDaddyYankee.
El Tribunal Federal no ha programado aún audiencias, pero expertos en derecho de entretenimiento anticipan un proceso largo y mediático que podría exponer más grietas en la gestión de derechos de autor en la música latina. Mientras Ayala, retirado de los escenarios desde 2023, defiende su legado, esta demanda representa no solo una cruzada personal, sino un llamado a la accountability en una industria donde el éxito a menudo se mide en sombras. “Los querellantes piden compensación económica, la corrección de los registros alterados y medidas que impidan que esquemas similares vuelvan a repetirse”, concluye el documento, recordándonos que detrás de los beats hay batallas por la verdad.
