La municipalidad de Guayaquil, en Ecuador, ha impulsado una iniciativa que busca transformar la dinámica vehicular y comercial en la emblemática avenida 9 de Octubre, proponiendo una significativa reducción del tráfico de automóviles en el sector del bulevar. Esta medida, orientada oficialmente a descongestionar uno de los puntos más críticos de la ciudad y a fomentar la reactivación económica del área mediante la priorización del peatón, ha encontrado una fuerte resistencia que ha dividido las opiniones en la urbe. Si bien la intención de mejorar la fluidez y el uso del espacio público es reconocida, el mecanismo y la implementación han generado controversia entre los directamente afectados.
El principal punto de conflicto, y la causa de la marcada división, radica en la falta de socialización del proyecto. Comerciantes y dueños de locales ubicados a lo largo de la avenida han expresado públicamente su malestar al afirmar que la propuesta se ha manejado de forma unilateral. Según los afectados, la autoridad local no ha brindado detalles claros ni ha abierto canales de diálogo que permitan comprender cómo la restricción de vehículos impactará sus actividades diarias, la logística de abastecimiento y, sobre todo, la afluencia de clientes. Esta falta de comunicación ha sembrado la incertidumbre, llevando a los comerciantes a temer que la restricción, en lugar de impulsar la economía, provoque una disminución en las ventas y un perjuicio en sus negocios, obligando a las autoridades a reconsiderar el proceso de implementación.
