Por: Mónica Carriel
Hoy se cumple un año desde que Josué, Ismael, Nehemías y Steven —los cuatro niños de Las Malvinas, en Guayaquil— desaparecieron presuntamente a manos de una patrulla de militares de la Fuerza Aérea del Ecuador. Cuatro niños, tres familias destruidas y un país que, en medio de las festividades, debió tragarse la noticia de que la Navidad dejó de ser celebración para convertirse en espanto. Los acusados no son delincuentes comunes, sino diecisiete militares ecuatorianos; uniformados a quienes el país entero paga para proteger a la ciudadanía.
Un año después, la pregunta sigue flotando: ¿cómo es posible que diecisiete militares estén implicados en la desaparición forzada de cuatro niños? Y peor aún, ¿por qué el país sigue actuando como si esto fuese un simple error administrativo y no una tragedia humana absoluta?
Muchos repiten que “el proceso judicial toma tiempo”. Claro que sí, sobre todo cuando hay uniformes, rangos y abogados de cuello almidonado en la ecuación. Porque cuando el acusado es pobre o señalado de pandillero, ahí sí la justicia corre como velocista olímpico. En este caso no hay apellidos con pedigrí, pero hay charreteras, influencias y protocolos que, para algunos, valen más que la memoria de cuatro menores.
El Gobierno, al inicio, apareció con ímpetu: ofreció no solapar a nadie, prometió transparencia y hasta sugirió que los niños deberían considerarse “héroes”. Pero esa luz —como las decoraciones baratas de temporada— se apagó tan pronto como se encendió. Fue útil para el discurso, sobre todo en medio de la campaña del “sí”, y luego… nada. Guayaquil continúa contando ataques armados; la ciudadanía contando muertos; y la Fiscalía, acumulando casos como si fueran facturas olvidadas en un cajón.
Los familiares, en cambio, siguen firmes. No solo enfrentan su dolor, sino la obligación de mantener vivo un caso que podría desvanecerse si bajan la guardia. En Ecuador, lo que no se escucha no se resuelve. Por eso están presentes en cada audiencia, entrevista, plantón o debate. Son ellos quienes sostienen la exigencia de justicia. No el Estado. No los discursos oficiales. Ellos, repitiendo los nombres de sus hijos una y otra vez para evitar que se diluyan entre la demagogia y el desgaste.
Han ganado espacios sin permitir que el horror los paralice. Han tenido que escuchar hechos dolorosos, informes forenses y excusas huecas. Y parece que lo resisten todo. Esperando que la justicia llegue por fin con una sentencia clara contra quienes cometieron este crimen brutal.
Un país se define por cómo trata a sus niños, a sus ancianos y a sus animales. Este año nos recordó, otra vez, que Ecuador sigue fallando en proteger la vida y en hacer cumplir la justicia. Mientras algunos en el poder intentan pasar la página, lo correcto es lo contrario: mirar este horror de frente y exigir un cierre digno, transparente y definitivo. Porque si dejamos que este caso se pudra en los archivos, mañana serán otros niños, otras familias, otro diciembre cualquiera.
