El régimen de Cuba ha convertido la permanencia de Nicolás Maduro en el poder en un asunto de seguridad nacional para asegurar el flujo de petróleo venezolano, recurso indispensable para evitar un colapso total en la isla. Ante la peor crisis económica desde la revolución de 1959, La Habana mantiene un despliegue estratégico de asesores y agentes de inteligencia en Venezuela, cuya función principal es detectar deslealtades militares y proteger la estabilidad de la dictadura chavista. A pesar de que los envíos de crudo han disminuido a unos 30.000 barriles diarios, esta cantidad representa cerca del 40% de las necesidades energéticas cubanas, lo que obliga al gobierno de Miguel Díaz-Canel a profundizar su injerencia política y represiva en Caracas como única vía de supervivencia.
La presión ejercida por Estados Unidos, mediante sanciones y la incautación de buques petroleros, ha agravado la vulnerabilidad de esta alianza, provocando apagones masivos y una inflación descontrolada en Cuba. Analistas internacionales advierten que la caída definitiva de Maduro significaría el fin del sistema energético cubano, el cual ya sufre por el deterioro de sus centrales y la falta de suministros alternativos confiables. Mientras tanto, el éxodo de más de 2,7 millones de cubanos refleja el desastre humanitario de un país que se desvanece demográficamente. La dictadura isleña insiste en calificar las acciones estadounidenses como actos de piratería, mientras aferra su destino a un esquema de intercambio de “inteligencia por petróleo” que sostiene a ambos regímenes autoritarios.
