Este lunes 22 de diciembre, la justicia ecuatoriana dictó una sentencia ejemplar contra miembros activos de las Fuerzas Armadas (FAE). Los magistrados determinaron que la patrulla “Tango Charly” fue responsable directa de la desaparición de Josué, Ismael, Nehemías y Steven, cuyos cuerpos fueron hallados carbonizados en Taura a finales del año pasado.
Detalles del crimen y la sentencia
El tribunal, presidido por el juez José Suárez, impuso la pena máxima de 34 años y ocho meses de prisión a los once militares procesados como autores directos. Los puntos clave del fallo incluyen:
- Incumplimiento del deber: Los uniformados detuvieron a los menores cerca de un centro comercial por un presunto robo, pero omitieron reportar la aprehensión al ECU911 y no los entregaron a la Policía Nacional.
- Abuso de fuerza y tortura: Gracias a cinco militares que actuaron como cooperadores eficaces, se conoció que los menores fueron golpeados con fusiles, obligados a desnudarse y sometidos a simulacros de ejecución con disparos cerca de sus cabezas.
- El desenlace en Taura: Las víctimas fueron trasladadas en vehículos militares a un camino de segundo orden en Taura, donde fueron abandonadas en estado de vulnerabilidad absoluta antes de ser asesinadas y quemadas.
El “Pacto de Silencio” y las pruebas
El juez Suárez fue enfático al señalar que durante el proceso existió una intención deliberada de ocultar la verdad:
- Dolo y omisión: Ninguno de los miembros de la patrulla se disoció de la acción delictiva ni reportó las agresiones en los chats de asesoría militar.
- Pericias genéticas: El 31 de diciembre de 2024, pruebas de ADN confirmaron que los restos hallados en la zona rural pertenecían a los cuatro desaparecidos de Las Malvinas.
- Falsa coartada: El tribunal rechazó la versión de la defensa del subteniente John Z., que intentó culpar a “mafias” del secuestro de los jóvenes tras el abandono militar.
Justicia tras un año de investigación
El caso, que inició el 9 de diciembre de 2024 tras la denuncia desesperada del padre de una de las víctimas, cierra hoy una etapa judicial dolorosa para las familias de Guayaquil. La sentencia deja claro que la decisión de movilizar y retener a los menores fue una orden directa del mando de la patrulla y que el estatus de militares en servicio activo agrava la responsabilidad sobre la integridad de los ciudadanos.
