El gobierno de Chile, a través de sus vocerías oficiales, ha reiterado su determinación de llevar ante la justicia a todos los implicados en el secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda. El caso, que ha generado una profunda conmoción política y social, se mantiene bajo una investigación rigurosa que busca esclarecer los vínculos transnacionales de los perpetradores. Las autoridades chilenas enfatizaron que se han agotado los recursos diplomáticos y judiciales para lograr la extradición de sospechosos que se encuentran fuera del territorio, asegurando que el proceso no se detendrá hasta alcanzar una sentencia firme.
La administración del presidente Gabriel Boric ha subrayado que este crimen constituye una violación grave a la soberanía y la seguridad pública, por lo cual se han fortalecido los controles fronterizos y la cooperación con organismos internacionales. El Ministerio del Interior destacó que el avance de las pericias ha permitido identificar la participación de bandas organizadas con nexos externos, lo que ha derivado en una serie de acciones legales de alta complejidad. La postura oficial busca brindar certezas a la familia de la víctima y a la comunidad internacional sobre la eficacia del sistema penal chileno frente al crimen organizado.
