El Consejo de la Judicatura (CJ) de Ecuador activó este jueves 8 de enero de 2026 un plan de contingencia para salvaguardar la integridad de los administradores de justicia especializados en corrupción y crimen organizado. La decisión surge tras las graves alertas emitidas por el juez Carlos Serrano, quien denunció amenazas directas del ciudadano serbio Jezdimir Srdan —sentenciado a 10 años por lavado de activos—, y el atentado armado reportado por la exfuncionaria Samantha Lozada. En una sesión de trabajo con jueces de las dependencias especializadas, el pleno del CJ reconoció la existencia de limitaciones presupuestarias, pero se comprometió a gestionar cooperación internacional para reforzar la seguridad de los equipos técnicos y la infraestructura judicial.
La hoja de ruta establecida por los vocales Magaly Ruiz, Damián Larco, Fabián Fabara y Alfredo Cuadros incluye la optimización del talento humano y la rehabilitación de sedes judiciales bajo criterios de transparencia. Entre los acuerdos alcanzados, destaca la posible creación de una nueva sala provincial y un tribunal especializado para aliviar la carga laboral, lo que permitiría una gestión más eficiente de los casos de alta peligrosidad. Asimismo, se priorizará el uso de herramientas tecnológicas seguras para el desarrollo de procesos, minimizando la exposición física de los magistrados en entornos de riesgo.
Para combatir la impunidad, el CJ coordinará con el SNAI el cumplimiento efectivo de las audiencias telemáticas desde los centros de rehabilitación social. Esta medida busca erradicar las audiencias fallidas y evitar la caducidad de la prisión preventiva en casos sensibles. Aunque persisten las discrepancias sobre el nivel de protección brindado a exfuncionarios como Lozada, la Judicatura enfatizó que la seguridad de los jueces es una prioridad absoluta para garantizar la independencia judicial en la lucha contra las estructuras transnacionales que operan en el país.
