El gobierno de Daniel Noboa ha puesto en marcha una estrategia que analistas califican como un “cálculo político” ante la Corte Constitucional (CC), con el fin de viabilizar la concesión de servicios eléctricos al sector privado. Según reportes de Radio Pichincha, esta maniobra intenta aprovechar el contexto de la crisis energética y los constantes racionamientos de energía para presionar por reformas que permitan la delegación de activos estatales a manos particulares. El Ejecutivo sostiene que la inversión privada es la única vía rápida para solventar el déficit de generación, mientras que sectores críticos advierten que se busca eludir las restricciones constitucionales que protegen a los sectores estratégicos. La intención es que la CC emita dictámenes favorables que blinden legalmente estos procesos de monetización y gestión delegada, presentándolos como medidas urgentes de interés nacional.
La insistencia en la concesión no se limita únicamente a nuevos proyectos de generación renovable, sino que también apuntaría a empresas consolidadas como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Esta postura ha generado un intenso debate político, ya que implica una transformación del modelo energético del país en un momento de alta vulnerabilidad económica. Mientras el régimen de transición defiende estas acciones como parte de un plan de modernización, diversos gremios sociales y opositores señalan que el trasfondo es un debilitamiento del control estatal sobre servicios básicos esenciales. La resolución que tome la Corte Constitucional será determinante para el futuro del sector eléctrico, pues establecerá si el gobierno puede proceder con estas concesiones de forma directa o si deberá someterse a controles parlamentarios y ciudadanos más rigurosos.
