Un reciente informe periodístico ha sacado a la luz que el ciudadano conocido como alias Marino, identificado como uno de los líderes de la organización criminal los lagartos, fungió como proveedor del estado ecuatoriano durante varios años. A pesar de contar con una condena previa por posesión ilegal de armas de fuego en el año 2011 y de haber enfrentado acusaciones por asesinato en 2018, sus empresas obtuvieron luz verde para participar en procesos de contratación pública. La falta de filtros efectivos y la escasa articulación entre las bases de datos de justicia y el sistema de contratación permitieron que recursos públicos financiaran indirectamente a estructuras vinculadas con el narcotráfico. Este caso evidencia las vulnerabilidades del sistema estatal que, al no detectar los antecedentes penales de los licitantes, facilitó que figuras del crimen organizado se infiltraran en la economía formal a través de contratos de servicios y suministros.
Alias Marino fue asesinado recientemente en un ataque armado en la isla mocolí, en la zona de Samborondón, en un evento que las autoridades atribuyen a una presunta traición y disputa territorial entre bandas. Las investigaciones de inteligencia señalan que el cabecilla estaba en proceso de abandonar su lealtad a los lagartos para integrarse a las filas de los lobos, lo que habría desencadenado el violento atentado donde se dispararon más de veinte ráfagas de fusil. El hallazgo de su historial como contratista estatal ha generado una fuerte reacción en la asamblea nacional y sectores de la sociedad civil, quienes exigen auditorías urgentes a los contratos otorgados a empresas de seguridad y logística en la última década. Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de implementar sistemas de control más rigurosos que impidan que el dinero de los contribuyentes termine en manos de individuos catalogados como objetivos de alto valor por el propio gobierno nacional.
