Un total de veinticuatro profesionales de la comunicación permanecen bajo arresto en Venezuela, formando parte de la lista de presos políticos que aguardan por una medida de liberación. Diversas organizaciones no gubernamentales y gremios periodísticos han denunciado que estas detenciones representan un ataque directo a la libertad de expresión y al ejercicio de la información en el país. Los comunicadores, entre los que se encuentran reporteros, fotógrafos y editores, enfrentan procesos judiciales bajo cargos que van desde la instigación al odio hasta el terrorismo, situaciones que han sido catalogadas por observadores internacionales como una persecución sistemática a la disidencia.
La situación de estos trabajadores de la prensa ha generado una creciente preocupación en la comunidad internacional, que presiona por el respeto a las garantías fundamentales y el debido proceso. Familiares y activistas subrayan que muchos de los detenidos presentan condiciones de salud precarias y han sido privados del contacto regular con sus abogados defensores. A medida que avanzan las negociaciones políticas, el gremio mantiene la exigencia de una amnistía general que permita el retorno de los periodistas a sus labores sin temor a represalias. La persistencia de estos arrestos evidencia la fragilidad del entorno informativo y los riesgos que enfrentan quienes intentan documentar la realidad venezolana.
