Corea del Sur ha dado un paso histórico en la rendición de cuentas de sus exmandatarios. Este viernes 16 de enero de 2026, el Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó a Yoon Suk Yeol a cinco años de cárcel por obstrucción a la justicia. El juez Baek Dae-hyun dictaminó que el expresidente, de 65 años, utilizó al Servicio de Seguridad Presidencial como una “guardia personal” para impedir su arresto en enero del año pasado y excluyó deliberadamente a miembros de su gabinete de las deliberaciones sobre la ley marcial de diciembre de 2024. Aunque la Fiscalía solicitaba una pena de 10 años, el tribunal impuso la mitad del tiempo al no hallar pruebas suficientes sobre cargos de falsificación de documentos.
La defensa de Yoon, encabezada por la abogada Yu Jeong-hwa, anunció que apelará el veredicto en un plazo de siete días, calificando la decisión como “politizada”. El expresidente mantiene una postura desafiante, insistiendo en que la declaración de ley marcial fue un ejercicio legal de sus poderes constitucionales ante lo que denominó una “dictadura de la oposición”. No obstante, el tribunal subrayó que Yoon ignoró la Constitución y el estado de derecho, militarizando instituciones públicas para beneficio personal.
Este fallo es apenas el inicio de un extenso calendario judicial. Yoon se enfrenta a siete procesos adicionales, de los cuales el más grave es el de insurrección, cuyo veredicto se espera para el 19 de febrero. En dicho caso, la Fiscalía ha solicitado la pena de muerte, aunque debido a la moratoria de ejecuciones en Corea del Sur desde 1997, es probable que se conmute por cadena perpetua si es hallado culpable. Mientras tanto, el exlíder conservador permanecerá en el Centro de Detención de Seúl, marcando un precedente crítico para la democracia asiática.
