El Club Sport Emelec atraviesa una de las crisis más profundas de su historia contemporánea. A menos de un año de haber ganado las elecciones el 27 de febrero de 2025, el presidente Jorge Guzmán Mancilla enfrenta un escenario de total hostilidad. La institución no solo lidia con la prohibición de la FIFA para inscribir nuevos jugadores, sino que esta semana se confirmó que iniciará el campeonato 2026 con una penalización de menos tres puntos, impuesta por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) tras incumplir pagos pendientes. Pese a los rumores de dimisión y las constantes paralizaciones de la plantilla por salarios atrasados, Guzmán ha comunicado oficialmente que se mantiene firme en su cargo.
La tensión ha escalado de los despachos a las calles. La agrupación Boca del Pozo ha convocado a un plantón en los exteriores del Estadio George Capwell para exigir la salida inmediata del directorio. Mientras tanto, en el ámbito jurídico, el Viceministerio del Deporte mantiene la lupa sobre la legalidad de la inscripción de la directiva de Guzmán. Una audiencia clave por una acción de protección, que pretendía frenar dicha investigación, fue reagendada para el martes 20 de enero de 2026 a las 14:30. Analistas deportivos coinciden en que la marca Emelec se encuentra debilitada y que la falta de una planificación financiera clara está fracturando la relación incluso con referentes del plantel, como Luis Fernando León.
Periodistas especializados como Ronald Pin y Javier Ruiz sostienen que la credibilidad del mandatario está agotada y que la intervención externa podría ser la única vía para evitar un colapso mayor. Sin embargo, la postura de Guzmán de no dar un paso al costado obliga al club a una carrera contra el tiempo para sanear deudas urgentes antes del inicio del torneo nacional. Sin margen de maniobra económica y con el rechazo masivo de los socios, el futuro de la dirigencia eléctrica se decidirá en gran medida por lo que ocurra en los tribunales y en las asambleas de socios la próxima semana.
