La crisis política venezolana suma un nuevo capítulo de denuncias por coacción este lunes 20 de enero de 2026. Mariana González, hija del excandidato presidencial exiliado Edmundo González Urrutia, denunció públicamente haber sido víctima de tres episodios de “extorsión” destinados a obligar a su padre a abandonar su causa política. Según el comunicado, personas vinculadas a autoridades gubernamentales, representantes de la Iglesia e individuos de organismos de derechos humanos le advirtieron que la libertad de su esposo, Rafael Tudares, dependía exclusivamente de la renuncia pública de su progenitor a la lucha por la presidencia.
Rafael Tudares, abogado de profesión, cumple actualmente una condena de 30 años de prisión, una sentencia que su esposa califica como un “fraude a la justicia” y una violación absoluta al debido proceso. Mariana González destacó que la detención de su esposo, ocurrida el 7 de enero de 2025 (pocos días antes de la cuestionada investidura de Nicolás Maduro), es un mecanismo de presión política. Aseguró que Tudares pudo revisar su propio expediente y constatar la ausencia total de pruebas o testigos en su contra, lo que refuerza la tesis de una detención basada en un “sentimiento de venganza” por su vínculo familiar con González Urrutia.
La denuncia cobra especial relevancia al señalar que estos episodios de coacción se llevaron a cabo en espacios que deberían ser neutrales, como sedes diplomáticas y oficinas del Arzobispado. Mariana González reiteró que ser el yerno de un líder opositor no constituye un delito y exigió la liberación inmediata de su esposo, quien permanece en prisión mientras Edmundo González Urrutia mantiene su reclamo de victoria electoral desde España. El caso ha sido elevado a instancias internacionales, denunciando un patrón de persecución indirecta contra familias civiles para lograr objetivos políticos personales.
