La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España determinó el archivo de las investigaciones abiertas contra el cantante Julio Iglesias, tras las denuncias presentadas por dos antiguas trabajadoras. Las denunciantes, quienes desempeñaban funciones como empleada del hogar y fisioterapeuta, señalaron al artista por presuntas agresiones sexuales, humillaciones y delitos de trata que habrían ocurrido durante el año 2021. No obstante, el ministerio público ha fundamentado su decisión en la falta de jurisdicción de los tribunales españoles, argumentando que los hechos relatados tuvieron lugar en las residencias del cantante ubicadas en República Dominicana y Bahamas, territorios fuera de su competencia legal.
El proceso de archivo se aceleró tras la intervención de la defensa técnica de Iglesias, la cual solicitó formalmente el cierre de las diligencias alegando la incompetencia territorial del órgano investigador. Aunque el caso cobró relevancia mediática tras una investigación periodística que sacó a la luz los testimonios de tocamientos e insultos, la justicia española concluyó que no posee la facultad preprocesal para continuar con las indagaciones. Esta resolución pone fin, en territorio español, a la vía penal por estos cargos específicos, dejando a las presuntas víctimas la posibilidad de emprender acciones legales únicamente en los países donde se desarrollaron los eventos denunciados originalmente.
