La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que seiscientas veintiséis personas han sido liberadas desde el inicio del proceso anunciado a principios de enero. Ante los cuestionamientos de organizaciones no gubernamentales y familiares de los detenidos, la mandataria anunció que solicitará a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que verifique los listados oficiales. Rodríguez calificó de maniobras políticas los reportes que difieren de sus datos, defendiendo la transparencia de las medidas tomadas tras la captura de Nicolás Maduro.
Por el contrario, organizaciones civiles como Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones denunciaron opacidad y retrasos en las entregas de los reclusos. Estas entidades estiman que el número de liberados apenas supera los ciento cincuenta casos, señalando que todavía permanecen en prisión más de setecientas personas. Mientras el gobierno insiste en la veracidad de sus cifras y critica a sectores opositores, decenas de familias continúan aglomeradas frente a los centros de detención en espera de información clara sobre el paradero y estatus legal de sus allegados.
