Antes de su captura el pasado 3 de enero de 2026, el depuesto presidente Nicolás Maduro sostuvo una narrativa de resistencia centrada en la defensa de los recursos naturales. El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, que comenzó en agosto de 2025 por orden de Donald Trump y se intensificó en noviembre con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford (CVN 78), fue calificado por Maduro como una “pretensión guerrerista y colonialista”. En sus últimas alocuciones, el exmandatario insistió en que las acusaciones de narcotráfico eran un “pretexto” para apoderarse de las reservas de crudo, gas y oro de Venezuela, haciendo un llamado al pueblo estadounidense bajo la consigna “No blood for oil” (No sangre por petróleo).
Sin embargo, el panorama político cambió drásticamente tras la operación militar que resultó en la detención de Maduro y Cilia Flores, quienes actualmente enfrentan cargos de narcoterrorismo en una prisión federal de Nueva York. Delcy Rodríguez, juramentada como presidenta encargada tras declararse la “ausencia forzosa” del mandatario por el Tribunal Supremo, ha dado un giro a la política económica. A pesar de su retórica inicial de lealtad, Rodríguez ha impulsado una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que busca desmantelar el control estatal absoluto, permitiendo la entrada de capital privado y arbitraje internacional para reactivar la producción.
Esta transición “tutelada” ha sido descrita por Donald Trump como un proceso donde la nueva gestión venezolana colabora estrechamente con Washington. Mientras el Parlamento avanza en la aprobación de contratos petroleros bajo condiciones de mercado, el chavismo residual intenta procesar la “herida” de la intervención militar con jornadas de apoyo social. La realidad de 2026 muestra a una Venezuela que, tras años de aislamiento, busca reinsertarse en la agenda energética global, aceptando la participación de empresas extranjeras en campos donde anteriormente la inversión era inexistente debido a las sanciones y al modelo estatista.
