Este miércoles 28 de enero de 2026, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) formalizó la tercera solicitud de juicio político contra la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los asambleístas Luis Fernando Molina y Héctor Rodríguez, respaldados por 53 firmas, acusan a seis vocales de un sistemático “incumplimiento de funciones” que habría viciado procesos clave de designación de autoridades. El expediente ahora debe ser calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tras un informe técnico de la Unidad Técnica Legislativa.
Los consejeros señalados son Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, Roberto Gilbert y Piedad Cuarán. La acusación principal sostiene que el CPCCS desnaturalizó el concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado y cometió irregularidades graves en la selección de los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), incluyendo conflictos de intereses y el archivo arbitrario de impugnaciones ciudadanas.
Ejes de la acusación política
| Punto Crítico | Detalle de la Irregularidad Alegada |
| Conflicto de Intereses | Denuncian nexos entre Christian Troya (delegado de Verdezoto) y Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura. |
| Archivo de Impugnaciones | Rechazo de 17 impugnaciones contra postulantes al CJ (incluyendo 6 contra Godoy) usando argumentos sin valor legal. |
| Descalificación Arbitraria | Exclusión de Édison Toro de la terna de la Corte Nacional basada en una supuesta inhabilidad como conjuez del TCE. |
| Vicios en Fiscalía | El 65,2% de los postulantes a la Comisión Ciudadana para elegir Fiscal no cumplirían requisitos legales, según informes cívicos. |
| Falta de Transparencia | Obstaculización del trabajo de la Veeduría Ciudadana y alteración de plazos reglamentarios de forma discrecional. |
El concurso del Fiscal General bajo la lupa
Uno de los puntos más sensibles del expediente es la demora de seis meses en la conformación del equipo técnico para el concurso de Fiscal General del Estado. Según la RC, esta dilación generó un “efecto dominó” que afectó la legitimidad de todas las fases posteriores. Además, denuncian que se modificó el reglamento una vez iniciado el proceso para cambiar los requisitos de la veeduría ciudadana, vulnerando la seguridad jurídica y el derecho a la participación establecido en el artículo 61 de la Constitución.
